La justicia dio lugar a una cuestión de amparo presentada por legisladores de la oposición en Neuquén y ordenó que se dé a conocer el convenio entre YPF y Chevron.
De esta manera, rechazó los argumentos en contra de esta medida que aprobó la Legislatura provincial al avalar la alianza para explotar en el yacimiento de Vaca Muerta y otorgó dos días de plazo para efectivizar la decisión.
Así lo determinó el juzgado Civil, Comercial y de Minería N°4 de Neuquén, a cargo de María Eugenia Grimau, hizo lugar parcialmente a la acción de amparo presentada por los legisladores provinciales Beatriz Kreitman (CC-Ari), Manuel Fuertes (NCN), Alfredo Marcote y Raúl Dobrusin (Upie).
Se ordenó a que se haga entrega de las partes del convenio suscripto entre YPF SA y Chevron que sirvieron de base para la firma del convenio entre la provincia e YPF y que el ministro de Energía provincial, Guillermo Coco, expresamente refirió que se encuentran en poder de la administración pública.
También se deberá suministrar la información relativa a aquel convenio que YPF S.A. facilitó a la administración con el objeto de evaluar y aprobar el convenio finalmente suscripto en el orden local por el gobierno provincial, según lo difundió el diario “Río Negro”.
"El legislador provincial ya se ha pronunciado respecto del convenio local sin considerar necesario contar con tal información. Sin embargo, resta el derecho de los legisladores actores, ejercido individualmente, para obtener del Poder Ejecutivo la información que consideren relevante para su función de representantes del pueblo (artículo 185 de la Constitución Provincial)", señala la resolución.
Y agrega que no será todo el convenio "porque no hay un solo elemento de prueba en este expediente que acredite que la Provincia del Neuquén lo detenta; pero sí aquellas partes del mismo que el señor Ministro de Energía de esta Provincia refirió en la audiencia del 14 de agosto de 2013 (cuando se presentó ante la Comisión de Hidrocarburos de la Legislatura, que se encuentra en poder de la provincia de Neuquén, así como toda la información relativa al mismo que YPF SA le facilitó."
Además, en la resolución judicial se rechaza el planteo referido a la convocatoria de una audiencia pública como condición previa para la consideración en el recinto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se aprobó el acuerdo.
Funda la decisión en que "la oportunidad en que los actores consideran que la audiencia pública debe realizarse no es la que dispone nuestro régimen jurídico, pues esa participación ciudadana no está diseñada en la ley como antesala obligatoria del debate parlamentario y posterior decisión". Añade que "la administración podría fijarla allí, pero no es obligatorio, mientras la audiencia se lleve a cabo con prelación a la ejecución de los trabajos".
Fuente gacetamercantil.com
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