El gobierno de Chile pidió ayuda a equipos policiales y agencias de Inteligencia extranjeras para identificar a los autores del atentado del lunes en el subte de Santiago, que dejó 14 heridos, cinco de ellos graves. La medida se adoptó tras el estallido de otras dos bombas caseras que, si bien no causaron daños, exacerbaron aún más el miedo en la población.
Uno de los fiscales de la causa, Raúl Guzmán, informó que el apoyo externo servirá para “contar con todos los antecedentes” de grupos extremistas internacionales, pero que no modificará “la labor que han realizado nuestros organismos internos”. Las primeras hipótesis, reiteró, apuntan a grupos “anarquistas” que son “antisistémicos, sin organización ni jerarquía”, que usan como explosivo “pólvora negra de carácter artesanal, que puede elaborar cualquier persona”.
Al atentado del lunes en un sector comercial de la estación de subte Escuela Militar en la capital chilena le siguió el martes a la noche el estallido de un artefacto casero en un supermercado de Viña del Mar. Había sido colocado en una papelera, en la rampa de entrada. “Consistía en una botella de plástico con papel, aluminio y ácido muriático”, según la policía. Cuando una empleada de limpieza intentó vaciar la papelera, el artefacto explotó. Como era de baja potencia, la mujer, de 43 años, sólo sufrió un trauma acústico. Ayer a la tarde, otro artefacto similar estalló a pocos metros de allí.
En forma paralela se desató una ola de falsas denuncias de bomba, lo que obligó a la brigada antiexplosivos a correr detrás de cada aviso. Los llamados anónimos provocaron suspensiones de clases en universidades y cierres temporarios de estaciones de subte, lo que incrementó el temor de la población.
La tensa situación llevó a la presidenta Michelle Bachelet a reclamar apoyo político. Ayer, la mandataria encabezó una cumbre con líderes de la oposición y del oficialismo, donde se definieron acuerdos y acciones conjuntas. “Lo que buscan algunos grupos con este tipo de actos no es desestabilizar a un determinado gobierno, sino al sistema democrático”, afirmó tras el encuentro. Y reiteró: “No nos va a temblar la mano. No permitiremos que un grupo de terroristas y cobardes afecten nuestra vida”. Lo más relevante de esta cumbre fue el acuerdo para impulsar una nueva ley antiterrorista, una norma muy debatida por las atribuciones y recursos que otorgará a los equipos de Inteligencia.
Hasta ahora, y pese al impacto de la acción, ningún grupo reivindicó el ataque del lunes. Las sospechas principales apuntan a grupos anarquistas, aunque muchos creen que están infiltrados. “Así como algunos han apuntado a sectores anarquistas, creemos que es importante analizar lo que podría ocurrir con células de ex agentes ligados a la dictadura”, dijo el senador oficialista Jaime Quintana.
El ataque coincide con otro aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Por este motivo, las versiones sobre los fines del atentado son muy variadas. Los movimientos anarquistas, con fuerte presencia en las organizaciones estudiantiles que lideraron las masivas protestas iniciadas en 2011, repudiaron a quienes los vinculan con estos hechos.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), la anarquista Melissa Sepúlveda, culpó a las autoridades de intentar “criminalizar” la protesta universitaria. “Repudiamos la criminalización del movimiento estudiantil”, dijo. El vice de la FECH, Sebastián Aylwin, afirmó que “se utiliza un hecho lamentable para desprestigiar a un movimiento social”.
Fuente clarin.com
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