"Más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales", proclamó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al anunciar la reapertura del canje de la deuda externa argentina, tras elfallo judicial favorable a los llamados "fondos buitres".
Si bien es cierto que, como señaló la mandataria, desde 2003 se pagaron "hasta la fecha 173.733.000 millones de dólares",también es cierto que aún quedan varios acreedores que esperan cobrar lo adeudado por el Estado Nacional.
Si bien es cierto que, como señaló la mandataria, desde 2003 se pagaron "hasta la fecha 173.733.000 millones de dólares",también es cierto que aún quedan varios acreedores que esperan cobrar lo adeudado por el Estado Nacional.
Fondos buitre. Después del default de 2001, el 93 por ciento de los tenedores de deuda argentina ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Así, aceptaron reprogramar sus pagos, con reducción de intereses y quitas de capital de hasta el 65 por ciento.
No obstante, el 7 por ciento de los acreedores que no aceptaron el canje comenzaron a reclamar el pago de sus 8.000 millones de dólares por diversos medios. El fondo de inversión NML Capital entabló una demanda por 1.300 millones ante la justicia de Nueva York, dado que el expresidente Néstor Kirchner había elegido esa jurisdicción para el primer canje.
En noviembre de 2012, el juez Thomas Griesa ordenó pagar la suma completa, criterio que fue ratificado por la la Cámara de Apelaciones el 23 de agosto. Ahora resta esperar la decisión de la Corte Suprema estadounidense: si ordenan pagar el total de la deuda a NML,los bonistas que ya aceptaron los canjes podrán reclamar también la totalidad de los fondos sin quita, bajo la cláusula "pari passu" de igualdad de condiciones. Ante esa variable, el gobierno nacional pidió abrir un nuevo canje, en los mismos términos que el de 2010, a pesar de que el gobierno había asegurado que "nunca" le pagarían a los "buitres".
Los holdouts, además, han intentado trabar 28 embargos sobre bienes argentinos en el exterior, principalmente las embajadas. Con el antecedente del embargo sobre la Fragata Libertad, retenida durante dos meses en Ghana, la comitiva presidencial viaja por el mundo en aviones alquilados, por temor a un embargo sobre los aviones de la flota argentina.
Los holdouts, además, han intentado trabar 28 embargos sobre bienes argentinos en el exterior, principalmente las embajadas. Con el antecedente del embargo sobre la Fragata Libertad, retenida durante dos meses en Ghana, la comitiva presidencial viaja por el mundo en aviones alquilados, por temor a un embargo sobre los aviones de la flota argentina.
Perspectiva. "El gobierno está actuando a destiempo, a destiempo reabre el canje y produce un cambio de domicilio de pago que implica un cambio de jurisdicción" diagnosticó Martín Redrado, expresidente del Banco Central, en diálogo con Perfil.com.
El economista, que colabora con el equipo de Sergio Massa, opinó que el gobierno "debería utilizar este tiempo para que sean los propios tenedores de títulos, el 93 por ciento, quesoliciten otro domicilio de pago, que puede ser Argentina o algún país europeo que ofrezca resguardo a los embargos de fondos buitres, como Suiza o Francia".
Sobre el fallo de la Corte Suprema estadounidense, Redrado sostuvo que "hay pocos precedentes" en el tema. "Si Argentina tuviera una mejor relación con Estados Unidos se podría plantear la cuestión institucional y sin duda ayudaría. A pesar de la frialdad de las relaciones hay que intentarlo", apuntó.
Club de París. Por su parte, los acreedores agrupados en el llamado Club de París reclaman 6.650 millones de dólares al Estado Nacional, que asciende a 9.000 millones, si se computan los intereses. La Presidenta había anunciado que se pagaría al contado en septiembre de 2008, pero la medida quedó en suspenso por la crisis económica internacional. Las negociaciones intentaron reabrirse en varias ocasiones, pero hasta ahora no hubo avances concretos.
CIADI. El Gobierno enfrenta varias demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo dependiente del Banco Mundial queacumula decenas de reclamos de pago contra nuestro país por alrededor de 20.000 millones de dólares. La mayoría ya han sido rechazados con éxito por los abogados argentinos, por tratarse de casos que no corresponden a inversiones, pero muchos siguen en pie.
Entre las deudas que el CIADI tramita ante la Argentina figura el caso de los "bonistas italianos", en el que unos 60.000 ahorristas de ese país se unieron para reclamar un total de 1.500 millones de dólares. La española Repsol también acudió a este organismo cuando el gobierno reestatizó YPF, adonde reclama una indemnización de 10.500 millones.
Deuda interna. Varias provincias, en particular las gobernadas por opositores al kirchnerismo, también iniciaron demandas contra el Estado nacional. El caso más resonante es el de Córdoba, que reclama 1.040 millones de pesos correspondientes a fondos previsionales y un 15% de los fondos de coparticipación federal que la Casa Rosada retiene desde 2012. El gobernador José Manuel De la Sota llevó ambos planteos ante la Corte Suprema, que aún no se expidió sobre ninguno de los dos.
También el mandatario de Corrientes, Ricardo Colombi, exige 1.800 millones de coparticipación. El mismo monto reclama el santafesino Antonio Bonfatti, quien llegó a decir que la provincia está “rascando el fondo de la olla”.
Así como la Nación mantiene deudas con algunos distritos, son montos ínfimos en comparación con lo que debe cobrar por haber nacionalizado todas las deudas en 2002. El pasivo de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires ascendía a más de 65.000 millones, y el Gobierno ya avisó que deberán a comenzar a pagar los vencimientos en el presupuesto de 2014.
Club de París. Por su parte, los acreedores agrupados en el llamado Club de París reclaman 6.650 millones de dólares al Estado Nacional, que asciende a 9.000 millones, si se computan los intereses. La Presidenta había anunciado que se pagaría al contado en septiembre de 2008, pero la medida quedó en suspenso por la crisis económica internacional. Las negociaciones intentaron reabrirse en varias ocasiones, pero hasta ahora no hubo avances concretos.
CIADI. El Gobierno enfrenta varias demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo dependiente del Banco Mundial queacumula decenas de reclamos de pago contra nuestro país por alrededor de 20.000 millones de dólares. La mayoría ya han sido rechazados con éxito por los abogados argentinos, por tratarse de casos que no corresponden a inversiones, pero muchos siguen en pie.
Entre las deudas que el CIADI tramita ante la Argentina figura el caso de los "bonistas italianos", en el que unos 60.000 ahorristas de ese país se unieron para reclamar un total de 1.500 millones de dólares. La española Repsol también acudió a este organismo cuando el gobierno reestatizó YPF, adonde reclama una indemnización de 10.500 millones.
Deuda interna. Varias provincias, en particular las gobernadas por opositores al kirchnerismo, también iniciaron demandas contra el Estado nacional. El caso más resonante es el de Córdoba, que reclama 1.040 millones de pesos correspondientes a fondos previsionales y un 15% de los fondos de coparticipación federal que la Casa Rosada retiene desde 2012. El gobernador José Manuel De la Sota llevó ambos planteos ante la Corte Suprema, que aún no se expidió sobre ninguno de los dos.
También el mandatario de Corrientes, Ricardo Colombi, exige 1.800 millones de coparticipación. El mismo monto reclama el santafesino Antonio Bonfatti, quien llegó a decir que la provincia está “rascando el fondo de la olla”.
Así como la Nación mantiene deudas con algunos distritos, son montos ínfimos en comparación con lo que debe cobrar por haber nacionalizado todas las deudas en 2002. El pasivo de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires ascendía a más de 65.000 millones, y el Gobierno ya avisó que deberán a comenzar a pagar los vencimientos en el presupuesto de 2014.
Jubilados. Mientras tanto, casi medio millón de personas reclaman al Estado nacional un reajuste jubilatorio. Tras el llamado “fallo Badaro” de 2007, unos 450.000 jubilados iniciaron juicios, incluyendo Ofelia Esther Wilheim, madre de la presidenta. La ANSES reconoció queno tiene los fondos para afrontar el pago de todos los reclamos.
"El principal pasivo que tiene el Gobierno es con los jubilados", afirmó el economista José Luis Espert, de la consultora Macroeconómica. "No sólo por el fallo que no se cumple", agregó, en referencia a los juicios "sino por los 20 puntos" que toma anualmente de los fondos de la ANSES para financiarse.
"Acá hay un gran intento de desinformación de parte del Estado, que ha tenido éxito en la última década. En la última década el déficit fiscal ha sido casi el mismo que durante la convertibilidad. Cuando hay déficit siempre hay deuda", graficó el economista, en diálogo conPerfil.com. "El Gobierno ha tenido éxito en su estrategia comunicacional de decir nos hemos desendeudado. ¿Cómo te desendeudaste si el déficit es el mismo? Te desendeudaste con el sector privado, pero te endeudaste con el Banco Central, y esa es la inflación", agregó.
En la misma línea, Redrado consideró que el endeudamiento con el Banco Central y la ANSES "ya es un problema presente porque gracias a tomar reservas se ha producido más inflación" y acusó al Gobierno de "utilizar al Banco Central como una caja para financiar su política". Por eso, concluyó que "no hay posibilidad de pago" porque "no hay más recursos, las reservas ya se han malgastado".
Fuente perfil.com
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