Después de ocho meses, periodismo para todos terminó ayer su segundo ciclo en Canal 13 y lo hizo con un resumen de lo que fue la investigación del año: la ruta del dinero K. Se trata del trabajo que Jorge Lanata presentó en abril con los testimonios de Leonardo Fariña y Federico Elaskar y que terminó en la justicia con el empresario kirchnerista, Lázaro Báez más que complicado.
“Elaskar era el ex dueño de la financiera SGI, y decía que lo había estafado Lázaro Báez quedándose con su empresa”, precisó Lanata anoche y recordó lo que reveló el testimonio de Elaskar.
“Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina y el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares en un período de seis meses a través de maniobras financieras que enviaron el dinero a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales. Néstor Kirchner estaba al tanto de los hechos. Elaskar era el financista que había armado la ingeniería para sacar la plata del país. Hecho el trabajo, los enviados de Lázaro se quedaron con su empresa en Puerto Madero”, explicó.
Las pruebas encontradas por Periodismo para Todos, papeles y testimonios, derivaron en una causa judicial contra Lázaro por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. La causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán. Antes, de oficio, el fiscal José María Campagnoli inició una causa para determinar si Elaskar había vendido SGI extorsionado por Báez. Cruzó datos de vuelos, llamadas y transferencias. Investigó sociedades en la Argentina y en el exterior. Descubrió que Helvetic Services Group, la empresa dueña de SGI, había entrado al país 65 millones de dólares en bonos, depositados luego en cuentas de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro. La maniobra de lavado estaba clara: los millones que Fariña, Elaskar y los Báez habían sacado del país de modo ilegal regresaron legales. Campagnoli determinó, además, que la estructura societaria de Helvetic pasaba por las Islas Seychelles, un paraíso fiscal donde estaba radicada la misteriosa firma Aldyne.
Investigar, a Campagnoli le costó caro. Aunque la causa avanzó y la justicia comprobó por entrecruzamiento de llamados que comunicaciones entre Elaskar, Fariña, el contador de Lázaro y el Ministerio de Planificación, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó pidió la suspensión de Campagnoli y cursó un pedido de jury. El primero de noviembre, se dispuso el cese de Campagnoli al frente de la Fiscalía N° 10 invocando una “reestructuración general”. Así, entre el 30 de octubre y el primero de noviembre, Gils Carbó dispuso el pase de los expedientes administrativos al consejo evaluador y el cese por “reestructuración” de la subrogancia de Campagnoli en la Fiscalía. El siete de noviembre, Campagnoli presentó una reconsideración en términos muy duros en la que le señaló a la Procuradora todas estas circunstancias temporales y causales, que indicaban que el real fundamento de su apartamiento de la Fiscalía 10 era el trámite mismo de la causa Báez y sus resultados, y no la reestructuración general.
Entre los argumentos centrales de la Procuradora para la remisión al jury, se cuentan todas las supuestas irregularidades que motivaron pedido de nulidades que fueron rechazadas por la Sala V. Esas presuntas irregularidades, además, fueron iniciadas por denuncias de los abogados de los imputados, quienes señalaron que Campagnoli integraba un grupo “destituyente”, integrado por Clarín/Lanata y Elisa Carrió e indicaron como supuestos perjudicados de todo lo que denunciaba al Gobierno Nacional y a la familia de la Presidenta de la nación; aunque ninguno de ellos fuera parte, ni mereciera imputación alguna de parte de Campagnoli.
Fuente clarin.com
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