La jueza Elena Liberatori dictó una medida cuatelar para suspender parcialmente el acuerdo firmado entre el Gobierno Porteño y el Gobierno Nacional que permitía que los casinos no paguen una importante deuda tributaria. La medida beneficiaba a Cristóbal López, dueño del casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo.
La titular del del Juzgado Contencioso Administrativo N° 4 decidió dejar sin efecto el apartado en el que el gobierno porteño renuncia a cobrar Ingresos Brutos a los casinos y tragamonedas. La denuncia había sido radicada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Las empresas en cuestión mantienen con la ciudad una deuda impositiva de más de $1000 millones en concepto del impuesto a los ingresos brutos.
Fuente clarin.com
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