Eran unos 3.700 cuando Aníbal Fernández asumió como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en diciembre de 2007, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Son cerca de 8.000 ahora, después del engorde que inició Aníbal y que se aceleró con la llegada del camporista Julián Álvarez como vice del actual ministro de Justicia, Julio Alak. La inflación de personal es más notable aún si se tiene en cuenta que en 2010 se creó el ministerio de Seguridad, que entonces pasó a encabezar la hoy embajadora ante la OEA, Nilda Garré.
Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuántos son, el propio Álvarez dijo en 2011 que el ministerio tenía unos 7.700 empleados, y los delegados de ATE Justicia calculan que apenas un cuarto del total (que ahora estiman en más de 8.000) son “Planta Permanente”.El resto va de renovación en renovación, a través de la ley de contratos de trabajo, mecanismo que los tiene en ascuas cada 180 días y que Menem empezó a usar en los 90s para hacerle creer al FMI que estaba ajustando la planta del estado.
Uno de los aspectos que más inquieta a los empleados de planta permanente es que cobran dos tercios de sus ingresos “en negro”, a través de ítems como viáticos y movilidad. Muchos, además, lo hacen a través de los llamados “Entes Cooperadores”, instituciones privadas que operan como auxiliares del ministerio en diversas tareas de registro. Como Acara, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, el Colegio de Escribanos o la editorial “La Ley”. La figura de los “Entes Cooperadores” se creó en los 80s, durante el gobierno de Alfonsín, para agilizar tareas burocráticas, pero el kirchnerismo decidió usarla como vehículo de una virtual privatización del Estado y para circunvalar controles presupuestarios.
Designado secretario de Justicia en diciembre de 2010, Álvarez es miembro conspicuo de La Cámpora, tiene todo el apoyo de la presidenta y su relación con su supuesto jefe, Alak, es fría y protocolar. Pero Alak tiene la “protección” de Ofelia Wilhelm, la madre de Cristina, y por eso se mantiene como ministro, luego de haber sido durante 16 años intendente de La Plata y, después, el primer presidente de la reestatizada Aerolíneas Argentinas, cargo en el que lo sucedió otro camporista de alto vuelo, Mariano Recalde (a su vez Virginia Lynn, la esposa de Álvarez, es directora de Asuntos Jurídicos de Aerolíneas).
Los choques con ATE se fueron haciendo más fuertes a medida que Álvarez fue llenando el ministerio de militantes K. Clave en esa tarea es la camporista Mariana Aballay, Subdirectora Nacional “a cargo” de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, a través de los cuales circula mucho dinero. A la sombra de Aballay trabajó primero “Nachito” Alvarez, hermano de Santiago “Patucho” Alvarez (h), el presidente de Télam, e hijo de Santiago “Patucho” padre, recientemente condenado a prisión por estafa, y actualmente lo hace Martín Dorio, hijo de Jorge Dorio, el conductor del programa ultrakirchnerista 6,7,8. La propia Aballay es una militante ultra, al punto que integra un llamado “Ejército de Amor de Néstor y Cristina”. Isabel Vieyra, la delegada general de ATE Justicia, la recuerda llorando de emoción, casi en trance místico, ante un discurso de la presidenta Cristina Fernández.
Además de “las cajas”, los camporistas son muy celosos de las áreas de acceso a información sensible, como la Inspección General de Justicia (IGJ), del que “desapareció” el expediente que hubiera permitido al juez de la causa Ciccone desentrañar quiénes eran los dueños de “The Old Fund”, el misterioso fondo a través del que testaferros del vicepresidente Amado Boudou se hicieron de la máquina de fabricar billetes. Un empleado de carrera de la IGJ se tomó por su cuenta la tarea de “reconstruir” esa carpeta y como recompensa fue enviado a realizar tareas de portería en mesa de entradas.
En los facsímiles adjuntos pueden verse dos notas de Aballay, elevadas por Fernando Rizzi, al que ascendió a “delegado administrativo”. Las notas ordenan el pago de viáticos por cerca de $ 25.000 por cabeza a seis camporistas en agosto y septiembre de 2012.Otra nota dispone el pago de viáticos mensuales de entre 10.695 y 15.283 pesos cada uno a otros 15 militantes. Son apenas unos ejemplos entre muchos. Caso por caso, no son cifras exorbitantes, pero lo que más irrita a los delegados es la distribución arbitraria de esos beneficios, un manejo que se fue haciendo cada vez más común desde que, horas antes de su operación por el falso cáncer de tiroides, en diciembre de 2011, la presidenta anuló por vía del decreto 324 el pago de “incentivos extraordinarios”. Tras una larga huelga, ATE logró que lo que antes era una suerte de doble aguinaldo se incorporara al salario mensual, pero se agudizó la arbitrariedad en la liquidación de conceptos como la realización de tareas “a más de 50 kilómetros del asiento habitual” de tareas.
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El grueso de los militantes que entraron en tropel a partir del ingreso de Álvarez, cuentan Vieyra, la delegado general de ATE Justicia, Eduardo Rauch, su adjunto, y el delegado gremial Martín Basualdo, cobran sueldos bajos y tienen “letras bajas” del escalafón administrativo, pero están primeros en el reparto de beneficios y son, en su mayoría, inaptos para la tarea que se supone deben cumplir. En cambio, suelen dedicarse a imprimir afiches y memorabilia kirchnerista, botonear por chat sobre las charlas y tareas de sus compañeros de oficina y están siempre disponibles para concurrir a los actos presidenciales, sean ellos en el patio de las Palmeras de la Rosada o en Tecnópolis. Otros registros son el de la Propiedad Inmueble (también copado por el camporismo), el de Armas, el de Reincidencia, el de Derechos de Autor, el de Adopciones, el de Menores Extraviados, el de Admisión y Permanencia (para trabajadores “importados”). También bajo la égida de Justicia están unidades clave, como la Procuración del Tesoro, el Servicio Penitenciario Federal, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. En febrero, Álvarez fue designado por la presidenta Cristina Fernández para integrar el Consejo de la Magistratura, el lugar desde el cual el kirchnerismo busca controlar la designación y remoción de jueces federales. Además, su ambición política es ganar, en 2015, la intendencia de Lanús. Uno de los “eventos” con los que buscaba congraciarse con la presidenta era un acto en un ex edificio de Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte), en la isla Demarchi (la misma en la que, supuestamente, se construiría el “Polo Audiovisual” que la presidenta anunció en agosto de 2012) y a los que trasladó compulsivamente a 800 empleados del ministerio, de las áreas de informática, call centers y “Acceso a la Justicia”. Durante meses, ATE Justicia resistió el proyecto, por tratarse de una zona inhóspita, de muy difícil acceso, con serios problemas de contaminación y de alta toxicidad. Álvarez, sin embargo, siguió adelante con su proyecto. Una inspección de Seguridad y Prevención constató numerosas infracciones a disposiciones de higiene y seguridad, rajaduras, grietas, riesgos eléctricos (ver fotos) y carencia de planes mínimos de contingencia, como un sistema de evacuación. Todo se puso rápidamente en evidencia: el edificio se inundó ante la primera lluvias. - See more at: http://www.plazademayo.com/2014/04/ministerio-de-justicia-una-caja-de-noquis/#sthash.5NSbXeGT.dpuf
Fuente plazademayo.com
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