Las causas contra funcionarios o ex funcionarios kirchneristas siguen colmando los juzgados federales de Comodoro Py. Algunos más mediáticos, otros menos, los expedientes que involucran a integrantes del gobierno se suman de a decenas, al punto de que buena parte del Gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner forma parte de alguna denuncia penal radicada en Tribunales.
n Definiciones sobre Ciccone
El futuro judicial del vicepresidente Amado Boudou es una de las cuestiones que con mayor atención siguen en la Casa Rosada. El kirchnerismo respalda, a regañadientes, al funcionario en la investigación por negociaciones incompatibles con la función pública que lo involucra en el marco del expediente abierto por irregularidades en la venta de la imprenta ex Ciccone, cuando se desempeñaba como ministro de Economía.
Desde que el proceso se inició hace dos años, los vaivenes respecto a la situación de Boudou fueron continuos. Primero se investigó en torno a la participación de su amigo y socio José María Núñez Carmona, y de su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele, y la estrategia de la defensa de Boudou pasó por recusar y sacar de la causa al juez Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo. Pero en febrero de este año, el Vice no salió indemne de los requerimientos de indagatorias que firmó el fiscal Jorge Di Lello, quien recomendó al juez Lijo llamarlo a declarar por Ciccone y por su causa conexa, por enriquecimiento ilícito.
Los testimonios de la familia Ciccone también complicaron más a Boudou, ya que el clan coincidió en declarar que mantuvieron encuentros con el ex ministro para que éste interceda ante la AFIP en pos de evitar la quiebra de la empresa. En la actualidad, a la espera de más indagatorias que pueden comprometerlo, Boudou espera no ser llamado por Lijo, al tiempo que intenta hacer caer la causa en la sala IV de la Cámara de Casación, donde se tramita un pedido de sobreseimiento del Vice que ya fue denegado dos veces.
n Liuzzi salpica a Zannini
El juez federal Norberto Oyarbide, al reconocer haber frenado un allanamiento a una financiera por pedido de Carlos Liuzzi, mano derecha de Carlos Zannini en la Secretaría de Legal y Técnica, le abrió al kirchnerismo un conflicto inesperado e inoportuno. Zannini, el menos visible pero el más decisivo de los funcionarios que responden a la Presidenta, quedó involucrado en un caso complejo, que da pie a nuevas sospechas sobre la influencia de las directivas de Presidencia al juez más polémico de Comodoro Py.
La situación de Liuzzi, a quien además le reactivaron otra causa por enriquecimiento ilícito, generó reproches internos que golpearon a Zannini poniéndole un freno transitorio una eventual aspiración en 2015. La semana pasada se especuló con la renuncia del funcionario investigado, aunque luego se desmintió. La causa recién comienza, pero no son alentadores para el Gobierno los pronósticos que llegan del expediente que tramita el juez Luis Rodríguez. El viernes, Liuzzi fue imputado por el fiscal Ramiro González.
n Jaime, el ex que siempre está
Si bien Ricardo Jaime dejó de ser secretario de Transporte en 2009, sus desventuras judiciales generan atención en el kirchnerismo. El ex funcionario acumula cinco procesamientos y hasta una condena a seis meses de prisión en Córdoba. En la actualidad, está siendo juzagado por la tragedia ferroviaria de Once, que en 2012 causó 51 muertos y 789 heridos. Jaime declaró esta semana no sentir “ningún cargo de conciencia” ya que cuando se produjo el siniestro él no estaba en funciones.
n Otros expedientes a seguir
La causa por lavado de dinero iniciada el año pasado contra el empresario kirchnerista de Santa Cruz, Lázaro Báez, también puede tener novedades de relieve en el corto plazo. Además, el Gobierno sigue de cerca la reciente elevación a juicio de una causa por abuso de autoridad contra el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, y una denuncia radicada por Elisa Carrió contra el ministro de Planificación Julio De Vido, que tramita el juez Julián Ercolini, por el presunto pago de coimas de la empresa Pan American Energy a funcionarios del Gobierno nacional. El denominado caso “Sueños Compartidos”, que involucra a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y en el que están denunciados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por supuesto fraude al Estado también aguarda por resoluciones en el corto plazo.
Fuente clarin.xom
No hay comentarios:
Publicar un comentario