El Gobierno nacional recibió ayer un revés de la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó informar en detalle de qué manera se realiza el otorgamiento de planes sociales y cuáles son los beneficiarios de dichos programas que administra el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner.
El fallo del máximo tribunal se produjo a partir de un pedido realizado por la ONG Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y fue firmado por todos los jueces, a excepción de Raúl Zaffaroni, quien no votó. La resolución confirmó así un fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La ONG había requerido que se le suministrara información sobre el alcance territorial y que se dieran a conocer los nombres de los funcionarios públicos nacionales, provinciales o locales y representantes de organizaciones políticas, sociales o sindicales que intervienen en el manejo y entrega de dichos programas sociales. El Estado alegaba que no brindaba esa información debido a que su divulgación permitía la identificación de los beneficiarios que, como consecuencia, podrían quedar en una situación de vulnerabilidad social. En ese sentido, alertaba que de difundirse los datos, “constituiría una intromisión ilegítima en la vida privada de los beneficiarios de estos planes”, y “propiciaría su estigmatización al constituirse en factor de discriminación”.
Pese a la postura del Estado, la Corte hizo lugar al reclamo de Cippec ya que “esa información es de carácter público, no pertenece al Estado sino que es del pueblo”, y alcanza con “la sola condición de integrante de la comunidad para justificar la solicitud”. Además, añadió que “la publicación de la nómina de beneficiarios no modificará ni agravará la situación de vulnerabilidad que los hace merecedores de esa ayuda y, en cambio, permitirá al conjunto de la comunidad verificar si la asistencia es prestada en forma efectiva y si existen arbitrariedades en su asignación.
Íntimamente, la Corte le dio una relevancia significativa al caso y basó su fallo en decisiones similares previas y en fundamentos esgrimidos en relación al derecho al acceso a la información por la ONU y por la OEA, entre otros. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda hicieron un voto conjunto, mientras que sus pares Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carmen Argibay votaron por separado y tildaron de “inadmisible” la defensa presentada por el Ministerio de Desarrollo Social.
La resolución del tribunal generó opiniones de diferentes sectores. El diputado nacional por el Frente Renovador Adrián Pérez, calificó como “trascendente” el fallo de la Corte porque “es a favor del acceso a la información pública y vuelve imperioso que el Congreso trate una Ley para sancionar ese derecho”. Su par de la UCR, Manuel Garrido, felicitó a la Corte por “poner un dique a los abusos de funcionarios”. Ex director de Justicia en Cippec, consideró “muy valioso” el fallo, “porque le dice al Estado que no puede denegar más información sobre la gestión pública”.
Fuente cronista.com
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