La Justicia ratificó que los docentes deben volver a clases porque los alumnos “son los más vulnerables entre los vulnerables”. Lo hizo el juez en lo Civil y Comercial N° 2, Vicente Atela, quien recibió el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo de la Provincia.
El pronunciamiento está en línea con la medida pre cautelar dictada el sábado pasado por el juez Francisco Terrier (Contencioso Administrativo) y que los docentes habían rechazado por “irregularidades procesales”. Anoche, los asesores del Frente Gremial evaluaban una apelación que se presentaría hoy mismo. En medio de la indefinición continúa el paro por tiempo indeterminado que ayer completó la jornada 16 sin actividad en las escuelas públicas.
La resolución judicial también ordena al gobierno de Daniel Scioli la continuidad de la paritaria hasta llegar a una solución definitiva del conflicto. Antes de conocerse el dictamen, el gobernador había resuelto poner al mando de la negociación al jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez. En función del nuevo panorama jurídico, el funcionario evalúa la fecha de una nueva convocatoria a los gremios.
Con un texto que ocupó 12 carillas, el juez Vicente Santos Atela, hizo un repaso del planteo y los argumentos utilizados por el primer magistrado que intervino en el amparo. En su fallo ordenó al gobierno que también se abstenga de descontar los días de huelga cumplidos desde el último 5 de marzo y hasta que se agote la vía de negociación con los maestros.
A los gremios –la FEB y el Suteba del Frente Gremial y la Udocba–, el magistrado les exigió en la medida cautelar el “cese inmediato” del paro en curso durante el tiempo que demande un acuerdo en paritarias.
La Justicia convocó además a los maestros, las autoridades y al Defensor, Carlos Bonicatto, a una audiencia prevista para el próximo 1° de abril a las 11,00. En la disposición hubo una aclaración especial para la convocatoria: cada una de las partes sólo podrá estar acompañada por un letrado.
En los argumentos Atela admite que el “legítimo ejercicio del derecho de huelga” de los docentes genera una “grave colisión” con otros derechos constitucionales como “el interés superior del niño a recibir una educación en tiempo y contenidos adecuados”.
“Considero que a los derechos del niño se añaden –también– el derecho de los padres para que sus hijos reciban educación escolar y el derecho de la sociedad para que se conforme a futuro una juventud capacitada para satisfacer el bien común”, dice el escrito que se entregó a todos los sectores en litigio.
Es decir que el derecho de huelga reconocido a los gremios por el artículo 14 bis de la Constitución Federal “no es absoluto, sino relativo” y debe ceder –en términos de compatibilizarlo– ante los Derechos del Niño que contemplan los Convenios introducidos por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Los abogados de los gremios estudiaban “punto por punto” la medida judicial para presentar una apelación. Y las autoridades provinciales también desplegaban diversas estrategias para el momento en que deban sentarse otra vez a la paritaria, tal como ordenó el magistrado.
Hasta el momento, la oferta oficial siempre tuvo la misma respuesta. El Frente Gremial (FEB y Suteba) no aceptó el aumento del 30,9% para el maestro de grado, que propuso como incremento el Poder Ejecutivo. Argumentan que sólo alcanza a los educadores que recién ingresan al sistema. Y que para el resto del escalafón la mejora representa entre un 21 y 24%.
Ese paquete implica, para la Provincia, una erogación extra de algo más de 11 mil millones de pesos anuales. Los docentes piden llevar la suba al 35%, que determinaría volcar otros 2.000 millones de pesos al presupuesto destinado a salarios. Una fuente cercana al oficialismo dijo a Clarín que las autoridades estudian mecanismos para conseguir un monto cercano a la mitad de esa suma, para mejorar la oferta y llegar a un acuerdo
Fuente clarin.com
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