El autoacuartelamiento de efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz cumplió su segundo día y las autoridades provinciales se presentaron ante la Justicia, donde se realizó una denuncia por presunta sedición contra el personal, que reclama mejoras salariales.
El reclamo continúa circunscripto a las ciudades de Río Gallegos y Caleta Olivia, donde los efectivos exigen un aumento del 25%. Según señaló Gustavo Martínez, ministro de Gobierno provincial, detrás de la protesta hay un "reclamo político interno".
En un reportaje con Luis Novaresio, en radio La Red, el funcionario santacruceño reveló que "el fiscal de estado de la provincia inició las acciones legales bajo el posible delito de sedición y se entregó la nómina del personal autoacuartelado". "No hay lugar para este tipo de medidas, vamos a ser inflexibles", enfatizó.
Al mismo tiempo, Martínez sostuvo que el autoacuartelamiento es de "un sector y no de la totalidad" de los policías. "La policía en Santa Cruz cuenta con 5 mil efectivos, en 20 localidades. De ese total, unos 250 efectivos efectúan la protesta. El 90% de la Provincia no se ha plegado al reclamo".
"Los aumentos que han recibido son suficientes y no estamos en condiciones de dar más aumentos", anticipó. En este sentido, reveló que "el salario de la policía es uno de los mejores en el ámbito de la provincia. Un agente que recién entra está cobrando unos 12.000 pesos y un sargento casi 21.000 pesos".
El plan de lucha por una recomposición salarial comenzó con un quite de colaboración tras asambleas de los uniformados de todas las dependencias policiales de Caleta Olivia, por lo que los efectivos de menor rango cumplieron sus turnos laborales y sólo actuaron en casos considerados graves.
En este marco, Martínez confirmó que personal de Prefectura y Gendarmería arribó a las ciudades y ya están cumpliendo tareas de patrullaje. "Estamos preocupados por la seguridad de la comunidad de Caleta Olivia, de Río Gallegos y de toda la provincia", señaló.
Para finalizar, el funcionario informó que el gobernador Daniel Peralta instruyó a que se convoque al Consejo de Seguridad Interior para que colaboren en la seguridad efectivos policiales de otras localidades, de Gendarmería y Prefectura.
A fines del año pasado, un reclamo similar de uniformados se replicó en otras provincias, entre ellas Córdoba, Buenos Aires y Tucumán, donde hubo muertos y saqueos, y en algunos casos las autoridades provinciales cuestionaron la falta de colaboración de las fuerzas federales ante la situación de conflicto.
fUENTE INFOBAE.COM
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