Sergio Berni estuvo ayer en el acto del sexto aniversario de la creación de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro se realizó en la Usina del Arte, en la Boca, uno de los refugios dilectos del macrismo. Tuvo un intercambio breve con Mauricio Macri y con otras autoridades porteñas. Llegó y permaneció con menos pompa de la que acostumbra en sus apariciones públicas.
No fue la del secretario de Seguridad una aparición fuera de protocolo. El jefe porteño invita siempre a los jefes policiales y a los encargados del área de Seguridad.
unque para Berni, en ese plano, fue su debut. En cambio, no asistió el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Alejandro Granados. Cada movimiento empieza a medirse en este tiempo en clave política y electoral. Daniel Scioli continúa sin dar en la tecla con el flagelo de la inseguridad en Buenos Aires, pese a la declaración de la emergencia que decretó meses atrás. La Policía bonaerense sería todavía más un problema que una solución ante el desafío. Granados prometió días pasados una futura y honda renovación. La Metropolitana figura entre las dos cosas más valoradas por los porteños de la gestión macrista. La otra es el Metrobús. No importaría ahondar demasiado en la consistencia de tales percepciones: es, simplemente, lo que la gente manifiesta.
Berni, probablemente, esté buscando dentro del macrismo alguna solidaridad para compensar las críticas lanzadas contra él desde el ultracristinismo a raíz de su propuesta de que los extranjeros que sean pescados delinquiendo puedan ser expulsados del país. Hay otras pistas que avalarían tal presunción. El secretario de Seguridad ha casi resignado la amenaza de agosto último, cuando anunció que retiraría la Policía Federal de 13 barrios donde funciona la Metropolitana. Hasta la reasignación de personal ha sido mínima. El desencuentro había sido por el desalojo del asentamiento Papa Francisco, lindero a la villa 20, en Villa Lugano. Es cierto que esa maniobra tuvo un freno brusco luego de un diálogo reservado entre Cristina Fernández y Macri. Pero ayer mismo, en la Usina, Berni habría conservado el tono conciliador frente a su par porteño, Guillermo Montenegro. Esos funcionarios simpatizan poco.
Berni tiene irritado al ultracristinismo. Esa tarea comenzó con sus insinuaciones de mano dura –los recurrentes cortes de los trabajadores de Lear en Panameranica– y engordó no bien instaló la discusión sobre la necesidad de echar a los extranjeros que delinquen. El climax pareció alcanzarse el lunes, después del extraño episodio en que quedó envuelto el fiscal Carlos Stornelli. “Recién empieza la semana y ya tenemos a siete colombianos detenidos”, disparó. Completó el infortunio al añadir que el país estaría “infectado de delincuentes extranjeros”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) salió a criticarlo en dos ocasiones. También objetó el proyecto del nuevo Código Procesal Penal, que contempla con mucha bruma la presunta acción contra los extranjeros descubiertos en situación de robo. En el propio bloque kirchnerista de Diputados estalló la discordia. El Movimiento Evita, que está respaldando a Jorge Taiana, descalificó la propuesta. Lo mismo hizo la aliada del Frente Grande, la legisladora Adriana Puigróss. Los pensadores de Carta Abierta comenzaron a escandalizarse. El juez Alejandro Slokar, de Justicia Legítima, arrojó también su palo. ¿Debería la Presidenta para avanzar con su propósito contar con las voluntades del Frente Renovador o del PRO, que se expresaron en dirección similar al oficialismo?
Las cosas, de todos modos, no parecen ser como se les estaría pintando ahora. De acuerdo con la reforma que promueve el Gobierno, sólo podrían ser sancionados con la deportación los extranjeros acusados por hechos leves, con penas menores a los tres años de prisión. Según un informe del Servicio Penitenciario Nacional el 56% de los extranjeros que están detenidos violaron la ley que reprime el narcotráfico. Esos casos no entrarían en la nueva reglamentación. Y constituyen el 60% de las personas de nacionalidad foránea que en la actualidad están detenidas. En suma, se estaría generando una enorme discusión pública acerca del impacto de una medida que, en los hechos, asomaría menor.
Pero el humo vale. En especial, en tiempos de campaña. Todas las encuestas que releen Berni, Scioli, Macri y Sergio Massa exhiben la conformidad de los ciudadanos con la expulsión de los extranjeros que roben. Las estadísticas de organizaciones privadas especializadas en el tema, ante la ausencia de datos oficiales serios, muestran otra cara de la realidad: sólo el 5% de extranjeros participarían del total de los delitos que se cometen en el país. La ONU informó la semana pasada que la Argentina figura al tope de los países de América latina con mayor tasa de robos. Casi 974 cada 100 mil habitantes.
Lo cierto es que el dilema de los extranjeros parece tapar como un manto gigante el problema de la inseguridad para el cual el kirchnerismo no ha contado con una respuesta eficiente en esta década. Detrás de esa convocatoria atrayente se omitiría la desidia de Cristina para enfrentar la cuestión y errores severos en su administración. No saber qué hacer con las policías, no tener noción sobre las fuerzas de seguridad, que fueron mudadas de un lado para otro desprotegiendo las fronteras. Carecer de un sistema de inteligencia homogéneo. El descalabro parece tal, que la Presidenta confió esos quehaceres al jefe del Ejército, General César Milani. Tampoco suena sencillo congeniar el relato K de la inclusión social con el creciente aumento de la marginalidad y la violencia que tomaron fuerza, sobre todo, a partir del 2007.
Aquella cortina escondería además otras cosas. Entre ellas, la decisión de conceder mayor facultades a los fiscales para avanzar en las causas sobre delitos. Se trata de una acción puesta en práctica, con resultados bien relativos, en varias provincias. Así funciona, por ejemplo, en la propia Buenos Aires. ¿Alguien podría decir que en la provincia ha dejado de funcionar lo que Cristina, en un abandono del progresismo, definió como “puerta giratoria”? ¿Alguien se atrevería a asegurar que el delito menguó?
La mayor autonomía de aquellos fiscales, en verdad, podría perseguir una meta distinta a la que se proclama. La lucha contra la inseguridad podría representar una pantalla. Esos hombres podrían resultar más útiles para el kirchnerismo si hacen dormir o enredan las causas de corrupción que están asolando al Gobierno. En especial, la ruta del dinero clandestino K de Lázaro Báez. Habría que estar atento para que en medio de un presunto gran debate, el Gobierno no venda de nuevo gato por liebre.
Fuente clarin.com
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