En el primero de los casos, elSenado dio esta madrugada, luego de casi diez horas de debate, sanción definitiva al proyecto dePresupuesto 2015 para el último año de gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La propuesta del gobierno, que comenzó a debatirse a las 16 de ayer, cosechó 39 votos afirmativos del oficialismo y habituales aliados (más la senadora del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell).
Por su parte, hubo 22 negativos del grueso de la oposición parlamentaria: radicales, FAP-UNEN, peronistas disidentes y macristas, (incluido el otro integrante del MPN Guillermo Pereyra), entre otros.
El proyecto fue defendido en el recinto por el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Aníbal Fernández, quien como miembro informante adjudicó los problemas de crecimiento argentino a cuestiones exógenas. "La desaceleración del crecimiento global y de los socios afecta el crecimiento de nuestro país", aseveró Fernández para luego señalar que "el canal comercial de contagio de la crisis sigue vigente".
"Si Estados Unidos y la Unión Europea no le compran a nuestros socios, nuestros socios no crecen", esgrimió el ex jefe de Gabinete, quien también habló al cierre en lugar del jefe de los senadores oficialistas, Miguel Pichetto.
La oposición, en cambio, rechazó la proyección de gastos y recursos, en líneas generales, con los tradicionales cuestionamientos sobre supuestas inconsistencias en la propuesta y por tratarse de estimaciones alejadas de la realidad, así como de no respetar el federalismo y de aplicar una distribución discrecional de recursos, con su consabida subvaloración para luego ser reasignados mediante DNU fuera del control parlamentario.
El radical formoseño Luis Naidenoff calificó de "cara de piedra a quienes defienden este presupuesto" y dijo que es "una irresponsabilidad política elaborar un presupuesto con estas hipótesis", para preguntarse en forma retórica: "¿alguien puede creer que la inflación será de 15,6 por ciento?".
El macrista Alfredo De Angeli, a su turno, calificó al presupuesto como "unitario, centralista" y aseguró que "si este país no hubiese estado contra el campo hoy habría 130 mil millones de dólares más de reservas". También, pidió que los recursos vayan "a las provincias como coparticipación federal", para que "los gobernadores aprendan a administrar, porque si no es fácil ser gobernador, porque si lo hacen mal recurren a la Nación".
La iniciativa estima para el año próximo un crecimiento del producto bruto interno de 2,8 por ciento; una inflación de 15,6 por ciento; un dólar a 9,45 pesos como promedio anual y una recaudación de 1.489.900,1 millones de pesos. Además, proyecta exportaciones por 82.420 millones de dólares; importaciones por 73.223 millones, y un resultado comercial superavitario de 9.197 millones de dólares.
Por el lado de la Cámara de Diputados, el kirchnerismo sancionó la reforma de la Ley de Hidrocarburos, pese a los cuestionamientos de la oposición que asoció la iniciativa con los intereses del empresario kirchnerista Lázaro Báez y criticó la falta de una legislación de protección ambiental.
Tras más de catorce horas de debate, la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, que ya tenía la media sanción del Senado, fue aprobada por 130 votos afirmativos, 116 negativos y la abstención de Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino). El oficialismo consiguió la aprobación de la propuesta con el apoyo de sus tradicionales aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero y Frente Nuevo Encuentro.
En tanto, se manifestaron en contra los diputados del radicalismo, el PRO, Frente Renovador, Partido Socialista, GEN, Coalición Cívica, Unidad Popular, Unión por Córdoba, Compromiso Federal y otros bloques minoritarios.
En los discursos de cierre, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, resaltó que "la soberanía energética será una realidad con la aprobación de este proyecto que logra sinergia entre la Nación, las provincias y nuestra empresa de bandera YPF, es el verdadero concepto federal de este proyecto de ley".
La propuesta enviada por el Ejecutivo fija nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación al establecer 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Además, el proyecto otorga a los gobernadores la posibilidad de prorrogar hasta 10 años las concesiones de las empresas que cumplan con las inversiones.
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