jueves, 29 de mayo de 2014

Caso Báez: investigan envíos a una cuenta de Liechtenstein

El caso en que se investiga a Lázaro Báez por lavado de dinero pareció ayer dar un giro para acercarse más al empresario kirchnerista que le da nombre a la carátula de la investigación. Es que el juez federal Sebastián Casanello ordenó medidas de prueba para investigar una transferencia de fondos por 16,5 millones de dólares hecha por el empresario argentino Carlos Wagner, vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, a Helvetic Services Group, la firma controlante de SGI, la financiera que maneja el contador de Lázaro Báez. Esas transferencias se realizaron de Uruguay a Liechtenstein .
Wagner es accionista de la empresa constructora Decavial Argentina, de Decavial Uruguay y de otras empresas del rubro. Ahora, la Justicia quiere saber si existen vínculos entre Wagner y Báez.
Anoche, Wagner dijo a LA NACION que no tiene ninguna relación con el empresario santacruceño. "Debe haber un error, no tengo sociedades ni realicé negocios con Báez, somos competidores. Éste es un tema de los directores o gerentes de la empresa, yo no estoy en la operatoria del día a día", expresó.
Uruguay informó a Casanello que, a través del Banco Comercial, se realizaron transferencias ordenadas por Decavial Uruguay a Helvetic Group. El punto de contacto de esta operación con Lázaro Báez en la causa es que Helvetic es la empresa controlante de la sociedad Ser Norte, que a su vez controla la financiera SGI, conocida como La Rosadita, que hoy maneja el contador de Báez Daniel Pérez Gadín.
SGI era la financiera que tenía Federico Elaskar hasta que -según dijo- fue presionado por hombres de Báez para que se la cediera. Por esa causa el suspendido fiscal José Campagnoli había pedido indagar a Báez por extorsión, pero ahora, a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, Casanello sobreseyó a Báez.
Para Campagnoli, Helvetic es Báez y sostiene que fue usada para blanquear 50 millones de dólares que salieron del país y reingresaron en títulos públicos.
En esta investigación, Uruguay aportó un contrato de compraventa en el que Dubris SA, que es accionista de Decavial Uruguay (Wagner), le vende el terreno de 7000 metros cuadrados a Jaguar Capital LLC (constituida en Panamá), cuyo accionista es Helvetic Service Group, constituida en Suiza.
La operación se pactó con un pago de 1,1 millones de dólares, otro de 4,4 millones de dólares y luego mediante el pago de 11 cuotas consecutivas e iguales de 920.000 dólares. Estas transferencias inferiores al millón de dólares no son investigadas con el protocolo estricto al que se someten los envíos de sumas mayores.
El juez Casanello ordenó que la AFIP le dé toda la información patrimonial de Wagner (impuestos, balances, sociedades que integra). Quiere saber si se acogió a algún blanqueo para traer dinero del exterior. También le pidió a la Comisión de Valores que le diga si Wagner figura como director de alguna sociedad, y lo mismo le pidió a la Inspección General de Justicia. A la Caja de Valores le solicitó que le informe si fue tenedor de acciones o bonos entre 2010 y 2012, y a la Unidad de Información Financiera, que le diga si Wagner fue reportado por alguna operación sospechosa de lavado de dinero.
Wagner dijo ayer a LA NACION que su empresa hizo una operación por un desarrollo hotelero en Punta del Este y que, hasta donde sabe, Helvetic es una empresa fiduciaria suiza donde se deposita el dinero a cuenta si no está concluida la operación.
Con esta respuesta del exhorto uruguayo, el juzgado se asoma a la operatoria de Helvetic Service Group y estas medidas apuntan a saber qué es esa firma, de quién es y para qué fue utilizada. La empresa parece ser parte de una ingeniería financiera, utilizada en diversas operaciones por diversos empresarios, para comprar, vender y transferir fondos. "Es una firma que parece destinada a disminuir el patrimonio u ocultar capitales y a sus dueños", dijo una fuente con acceso a la causa.
Estas averiguaciones pueden arrojar luz sobre Helvetic, controlante de SGI, administrada por el contador de Báez. Pero el juzgado debe determinar si hay un delito anterior, generador de dinero negro que motive llamar a Báez a indagatoria. Las docenas de causas donde se investigaron sus contratos de obras públicas están cerradas o paralizadas
Fuente lanacion.com

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