Servini de Cubría pide detener a cuatro españoles por crímenes en el franquismo

La jueza María Servini de Cubría,titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, solicitó a las autoridades españolas la detención preventiva de cuatro ciudadanos españoles, con el objetivo de requerir su extradición para que se presenten ante la Justicia argentina, en el marco de la investigación que llega la magistrada sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

Según detalla el Centro de Información Judicial, la medida alcanza a Celso Galván Abascal, Jesús Muñecas Aguilar, José Ignacio Giralte González y Juan Antonio González Pacheco, considerados como responsables del delito de tortura.

De un modo similar en que la Justicia española investigó -con el juez Baltasar Garzón a la cabeza- los crímenes de la última dictadura argentina, bajo el precepto de Justicia Universal, la magistrada argentina lleva adelante una compleja investigación desde 2010. En 2012, un grupo de víctimas del franquismo declararon ante la jueza federal. En 2012, Servini de Cubría requirió el Gobierno español vía exhorto un listado con la identidad y direcciones de los ministros e integrantes del régimen de Franco que siguen con vida.Meses después, viajó a España en busca de mayores testimonios.

A comienzos de septiembre de este año, el caso de los 30.000 niños robados durante el franquismo fue presentado ante la Justicia argentina.

Se trata de "una querella por las decenas de miles de niños robados por el franquismo", dijo Soledad Luque Delgado, representante de la Asociación de Niños Robados en España.

Antecedentes. La Justicia argentina aceptó en septiembre de 2010 por primera vez como querellante al español Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, un alcalde gallego ejecutado durante la dictadura española. Los querellantes, que suman ya varias decenas, solicitaron aplicar en los tribunales argentinos el principio de justicia universal e investigar los crímenes cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, recurso similar al utilizado en España años atrás durante la investigación por delitos de lesa humanidad en la última dictadura argentina.

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