En las próximos días, los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido ampliarán su denuncia contra la Cancillería por las trabas en la cooperación con Uruguay en la causa judicial en que se investiga al empresario kirchnerista Lázaro Baez por presunto lavado de dinero. Los legisladores entregarán al juez federal Sebastián Casanello copia de las declaraciones del juez uruguayo Néstor Valetti ante el congreso de su país quejándose de la “falta de reciprocidad argentina” en materia de intercambio de exhortos. De estos y otros datos, los diputados deducen que la Cancillería o la embajada argentina en Uruguay “traban los exhortos judiciales.
De hecho, supo este diario que los tres exhortos enviados a fines de mayo por la jueza De los Santos a la justicia Argentina aún no han sido respondidos.
Además, Clarín tuvo acceso a la respuesta que la Cancillería le dio a un pedido de información de la diputada Ocaña sobre la cantidad de pedidos de asistencia jurídica enviados y recibidos por la Argentina y los que fueron tramitados, entre otros. “Pese a las facultades establecidas en la Ley de cooperación Internacional en Materia Penal y en los Tratados vigentes, este Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto no ha rechazado ningún pedido de asistencia jurídica ni de extradición (2.022) pedidos en los dos últimos años”, comienza señalando el escrito firmado por la subsecretaria Legal, Técnica y Administrativa, Verónica Andrea Encinas Esquivel. Y justificó las demoras diciendo que el ministerio se limitó a “ solicitar complementaciones por deficiencias formales o aclaraciones necesarias para el adecuado cumplimiento de los pedidos de asistencia”.
Es aquí donde los críticos del funcionamiento de los trámites de exhortos advierten que los funcionarios argentinos traban la cooperación judicial internacional. Así también se lee de las transcripciones de los dicho por el juez uruguayo Valetti durante la sesión de la Comisión especial sobre lavado de activos y crimen organizado que sesionó en Montevideo el pasado 12 de setiembre. Valetti advierte que de parte de Argentina en este último caso Uruguay “no tuvo reciprocidad”. El mismo juez tiene una peculiar mirada sobre las denuncias de envío de dinero de manera ilícita desde Argentina a Uruguay “Si no podemos controlar el contrabando, ¿cómo podemos controlar que no pasen bolsos con dinero en efectivo, en lanchas, durante la noche, a lo largo del río Uruguay”.
Ocaña y Garrido se habían quejado ante la Cancillería luego del malestar expresado en Uruguay por la escasa colaboración de parte de Argentina sobre los exhortos en el caso Báez. Y pusieron como ejemplo un caso similar que se planteó en una causa con Suiza sobre el camionero Hugo Moyano. Los responsables de que los exhortos se tramiten en Cancillería son el ministro Héctor Timerman, la secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional Paula Verónica Ferraris -cuyo marido se vio obligado a renunciar recientemente por expresiones antisemita y maltrato-, Encinas Esquivel y la directora de Asuntos Jurídicos, Virginia Lynn.
Las tres fueron nombradas directamente por la Casa Rosada. Las dos últimas son camporistas de pura cepa.
Lynn se identifica como pareja del número dos de Justicia, Julián Alvarez, cuadro de la agrupación K.
Fuenteclarin.com
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