En su edición de anoche, el programa “Periodismo para todos” que conduce Jorge Lanata denunció la intención del Gobierno de apropiarse del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para ejercer el control político de un laboratorio de, hasta hoy, enorme prestigio y manipular a su antojo las causas sobre derechos humanos.
A lo largo del programa, científicos, legisladores y miembros de organismos de derechos humanos alertaron también sobre la posibilidad de que el enorme caudal informativo que encierra el Banco Genético, un emblema de la democracia y de la lucha por la identidad, quede alterado y destruido si es que se lleva a cabo el traslado de las muestras desde el emplazamiento actual, en el Hospital Durand, hasta una nueva sede, en el 831 de la Avenida Córdoba, bajo la dependencia del ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
También denunciaron la “pérdida de universalidad” del Banco, que dejaría de asistir a todo ciudadano que tenga dudas sobre su identidad, para centrarse únicamente en casos de lesa humanidad. Por ejemplo, el caso de Julio López desaparecido de la democracia no se podría analizar en el BNDG.
En el futuro, si la Justicia concede la cuestionada dependencia del Banco al Ejecutivo, serán las empresas privadas las encargadas de elaborar los test de identidad ajenos a crímenes de lesa humanidad. Una de esas empresas, está en manos de un ex empleado del ministerio, acusado en su momento de usar recursos del Banco para hacer negocios con laboratorios privados y con su propia empresa.
En realidad, “Periodismo para Todos” lanzó anoche un llamado urgente a salvar las muestras genéticas que dejaron en el Banco los familiares de desaparecidos, abuelas y abuelos que ansiaban encontrar a sus nietos secuestrados al nacer en cautiverio (muchos de ellos ya han muerto) y un caudal científico único y excepcional que puede echar luz sobre la etapa más oscura de la historia reciente de la Argentina.
Lanata también reveló anoche que es intención del Gobierno la de comparar las 1.800 muestras del Banco Genético con otros bancos de datos, entre ellos, con las 8.000 muestras reunidas por el Equipo de Antropología Forense.
Lejos de echar luz, esa fusión de muestras genéticas puede producir una gran cantidad de perfiles incompletos (lo que impide terminar los análisis) y aún generar resultados erróneos sobre la identidad de las personas, conocidos como “falsos positivos”. Ambas cosas le permitirían al Gobierno sembrar un estado de sospecha eterna en algunos casos y mantener causas judiciales abiertas por tiempo indefinido.
Lanata denunció también que el Gobierno hizo designar en el ministerio de Ciencia y Tecnología a una militante de “La Cámpora”, a la que le asignó el seguimiento exclusivo “del caso HN”, en referencia a Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos adoptados de la directora de Clarín.
Los primeros en señalar la ilegalidad del traspaso de jurisdicción del Banco a la órbita del Ejecutivo fueron los senadores Norma Morandini y Luis Naidenoff, que señalaron que el Estado no puede ser juez y parte de una causa judicial: el Estado, querellante en los casos de derechos humanos, no debería controlar el organismo encargado de revelar los casos de compatibilidad de ADN. María “Chicha” Mariani, fundadora y ex presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, expresó sus dudas y temores sobre el traslado y eventual manipulación de las muestras genéticas. Liliana Alaniz, abogada de grupos de derechos humanos y miembro de la Asociación Profesionales en Lucha, dijo que no podía otorgarse un cheque en blanco “a ningún gobierno, menos a uno que tiene al frente a personas como Milani o como Gerardo Martínez, que han participado ampliamente en la dictadura militar”.
Los médicos Gustavo Martínez, titular de la Asociación Argentina de Genética Forense y Antonio Alonso Alonso, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, explicaron el intrincado armazón de lo que se conoce como “falso positivo” en los análisis de ADN (de hecho, todo falso positivo es negativo) que echaría una sombra de duda sobre decenas de análisis, según el antojo de quien maneje el Banco Genético.
Por último, Lanata reveló que en un mail del pasado 28 de febrero, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao contó una reunión con Norberto Berner, de “La Cámpora”, actual Secretario de Comunicaciones, en la que Berner le pidió incorporar a su ministerio a la “militante Jaen Oliveri”, para que “controle desde allí” el caso Noble Herrera. Oliveri fue contratada y ocupa hoy un puesto en la estructura del Banco Genético.
Fuente clarin.com
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