Al parecer y luego del discurso del viernes de la presidente Cristina Kirchner en Rosario, el Gobierno tiene voluntad de pago y vocación para negociar. "Pero no vamos a llegar a un suicidio financiero", afirman fuentes cercanas a Economía.
Kicillof o sus colaboradores más cercanos podrían viajar esta semana a Nueva York para entrevistarse con el juez de Thomas Griesa para acordar el mecanismo de pago a los holdouts. Luego podrían tomarse otro avión hacia Washington para cerrar definitivamente el acuerdo con los grupos NML Eliot, Aurelius, Blue Angel y otros 13 bonistas particulares que reclaman casi u$s1.500 millones en los tribunales norteamericanos.
Según supo Infobae, el Gobierno ya tendría armado un mecanismo para tratar de evitar el "default técnico", que recién se concretaría el 30 de julio, un mes después de que se "caiga" el pago de u$s900 millones que debe afrontar el Estado por el vencimiento de los bonos discount.
De la totalidad, casi un cuarto de estos títulos fueron emitidos con jurisdicción extranjera y la cancelación de los mismos se debe depositar en el Bank of New York (BONY). El resto se paga a través de la Caja de Valores de Buenos Aires. A la par, se definirá un cronograma de pago para aquellos acreedores que ya tienen sentencia definitiva y exijan el pago invocando el pari passu (con igual paso).
Este esquema de pagos consistiría en la emisión total de u$s8.000 millones en nuevos bonos con vencimiento en el 2028 (BONAR 2028). La primera emisión será por u$s1.500 millones para pagarle a los holdouts en litigio y a los bonistas que ganaron la sentencia y el resto sería emitido en la medida que surjan nuevos reclamos.
El mecanismo de pago sería similar al que instrumentó el Gobierno para pagarle a Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF ya que garantizaría que una institución financiera internacional - podrían ser los bancos JP Morgan o Goldman Sachs- se interese en la emisión financiera.
Los responsables de estas instituciones se habrían reunido la semana pasada con autoridades del Gobierno. También hubo contactos con Jay Newman, de Eliot, y con Rober Konisberger, del fondo Gramercy, que tendría bonos en default por u$s500 millones.
A diferencia del pago a Repsol, el pago de la sentencia con a los acreedores internacionales se realizaría recién el próximo 1° de enero. Se busca una quita de por lo menos el 15% sobre el total de la deuda. Esta fecha se fijaría para que la Argentina evite tener que mejorar la oferta inicial al 93% de los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010. Es lo que plantea en las condiciones de emisión de los bonos la cláusula Rigth Upon Future Offer (RUFO) que vence el 31 de diciembre de este año.
Habría existido un ofrecimiento por parte de un pool de 3 bancos extranjeros que participaron como colocadores en los canjes I y II para comprar una emisión de bonos del Gobierno y pagarle luego ellos a los denominados "fondos buitre" por afuera para no mostrar una mejor oferta del Gobierno. Pero esta alternativa al parecer no habría prosperado.
En el Ministerio de Economía se estudiaban muchas alternativas pero uno de sus integrantes manifestó que "si la Presidente dice que no hay que pagarles a los buitres no pagaremos y si hay que pagar pagaremos pero no iremos a un suicidio financiero de la Argentina".
Un pago en Buenos Aires a los bonistas por afuera de la jurisdicción de Nueva York -asumiendo el costo del default técnico-; pagar en Nueva York y que decida Griesa si embarga los fondos; realizar un depósito de garantía de pago por u$s500 millones en el juzgado de Griesa son algunas de las opciones que se analizaron la semana pasada en el Palacio de Hacienda. Pero el discurso de la Presidente no dejó lugar a dudas. Un funcionario del Gobierno manifestó: "No tenemos mucho tiempo, porque la intención es que podamos pagar a los bonistas que cobran bajo jurisdicción extranjera el próximo lunes 30 de junio sin correr el riesgo de embargos".
En tanto que otro funcionario de alto rango dijo ante el jefe de Gabinete Jorge Capitanich que el Gobierno debería cumplir con la sentencia y hasta habría amenazado con presentar su renuncia. Esto implica que el Ejecutivo buscaría en primer lugar que Griesa vuelva a imponer el stay -medida cautelar que suspende los embargos- para asegurar el pago de la Argentina a quienes no entraron al canje.
Fuente infobae.com
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