La diputada Elisa Carrió radicó ayer una denuncia penal por los presuntos delitos de "encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" que habrían sido cometidos por las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ) para proteger al vicepresidente Amado Boudou en el "caso Ciccone".
Carrió (Coalición Cívica-ARI) centró su denuncia en el ex titular de la IGJ y actual secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, y distintos agentes del organismo, horas después de que LA NACION revelara detalles de cómo montaron un "cepo informativo" para obstaculizarles a jueces, legisladores y periodistas el acceso a los legajos societarios.
La denuncia quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano, quienes deberán determinar si los funcionarios bajo la órbita del Ministerio de Justicia delinquieron para proteger a Boudou.
Carrió solicitó, en esa línea, que la Justicia cite a declarar a dos ex funcionarios de la IGJ a los que entrevistó LA NACION: la ex titular del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez y el ex inspector de Legales Fernando Scanavino, quienes aportaron detalles de los presuntos delitos e irregularidades que habrían ocurrido en ese organismo público desde el arribo de La Cámpora.
Como primer paso, sin embargo, Bonadio deberá cotejar si debe enviar la denuncia a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien ya investiga el presunto extravío o robo del legajo de The Old Fund dentro de la IGJ, tras una investigación preliminar del fiscal Carlos Stornelli, quien halló los indicios suficientes para radicar la denuncia.
Desde el Congreso, en tanto, la diputada Patricia Bullrich (Unión Por Todos) también apuntó contra Berner e impulsó su citación a la Cámara de Diputados para que "brinde explicaciones" acerca del "cepo informativo".
Bullrich presentará, además, una nota en la Auditoría General de la Nación (AGN) para que "audite y eleve un informe en forma inmediata al Congreso sobre los procedimientos realizados por la Inspección General de Justicia cuando Berner era su titular".
"SECRETISMO OFICIAL"
Para el titular del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, sin embargo, no resultó "sorpresivo en absoluto que se hayan encontrado pruebas sobre la existencia de un cepo informativo alrededor de Boudou por el caso Ciccone. Es algo que venimos denunciando sin éxito desde hace ya más de un año", afirmó.
Gil Lavedra, quien durante 2012 había presentado diversos pedidos de informes que la cúpula de la IGJ se negó a responder tras argumentar que el legislador carecía de "interés legítimo" para obtener esos datos, consideró que "el secretismo que caracteriza a este gobierno se manifestó desde el principio en este caso".
"Antes de mis pedidos -recordó Gil Lavedra-, los ciudadanos podíamos acceder sin más problemas a registros de sociedades que tienen que ser públicos. Ahora, tenemos que demostrar que tenemos un interés legítimo. ¡Cómo si saber si el mismísimo vicepresidente de la Nación está involucrado en un caso tan tremendo de corrupción no fuera un interés legítimo suficiente!".
FUENTE LANACION
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