La comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña comenzará a debatir este viernes dos proyectos para dotar a la ciudad de Buenos Aires de su propia ley de Medios. Los legisladores intentarán consensuar las dos iniciativas junto con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el jefe de gobiernoMauricio Macri, el pasado 15 de mayo "en defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa".
El macrismo, que cuenta con mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales, busca de esta manera sortear las graves inconsistencias técnicas del DNU cuya aplicación ya fue suspendida por una medida cautelar dictada por el juezOsvaldo Otheguy luego de una presentación realizada por los legisladores de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, Delia Bisutti y Edgardo Form.
Las iniciativas que tratarán este viernes los legisladores fueron redactadas por Oscar Moscariello (PRO), por un lado, y por Julio Raffo (Proyecto Sur) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica), por el otro. El proyecto de Moscariello en realidad fue presentado inicialmente en 2009 a la par del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Congreso de la Nación, pero finalmente no fue tratado en la Legislatura. Moscariello, a pedido del Ejecutivo porteño remozó aquella iniciativa y la volvió a presentar en la Legislatura.
Ahora el macrismo apuesta a consensuar un único proyecto de modo de dotar en 15 días a la ciudad de Buenos Aires de su propia ley de Medios, según confirmaron a minutouno.com fuentes del macrismo. Sin embargo algunos de los artículos propuestos en las dos iniciativas que debatirán los legisladores chocan de frente con la ley de Medios de la democracia y otras normativas de alcance federal.
El proyecto de Moscariello, por ejemplo, prevé en su artículo 8° la creación de la "Agencia de Medios y Libertad de Prensa (ALIP)" que será la Autoridad de Aplicación de la ley y "deberá garantizar los principios, derechos y objetivos de la presente ley, haciendo cumplir las obligaciones correspondientes a las partes y, en su caso, sancionando a quienes no las cumplan, de conformidad con las disposiciones contenidas en ella y en sus reglamentos", atribuciones en la actualidad de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Asimismo aunque incluye un capítulo sobre "Defensa de la competencia", el proyecto no prevé límites a la cantidad de licencias que pueda poseer un mismo grupo económico. El espíritu antimonopólico con el que nació la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no está presente aquí. Sí incluye, en cambio, un apartado especial sobre reparto de publicidad oficial.
Entre otros puntos que prometen despertar polémica, el proyecto del PRO sostiene que será la Ciudad la que disponga de la utilización del espectro Radioeléctrico cuando en realidad se trata de un recurso vital que controla el Estado nacional en virtud de su importancia en materia de Defensa. La iniciativa avanza además en la posibilidad de que la Ciudad cobre regalías por este recurso que pertenece al Estado nacional. El proyecto de Raffo y Sánchez también prevé que "el espacio Radioeléctrico correspondiente a su territorio se encuentra, sometido a su jurisdicción en forma inalienable e imprescriptible".
De prosperar, la Ciudad se arrogará también el derecho "otorgar, suspender y determinar la caducidad de licencias para la explotación de Radiofrecuencias cuya zona de cobertura alcance total o parcialmente su territorio", potestad hoy en manos de la AFSCA.
En tanto la iniciativa de Raffo y Sánchez hace especial hincapié en la protección de los pequeños medios y estipula en su artículo 21° que "son aplicables en el ámbito de la Ciudad las normas locales y nacionales antimonopólicas que protegen la competencia y la pluralidad de oferentes".
Sin embargo este proyecto desconoce el alcance de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Ciudad. En su artículo 24 señala que "en ningún caso la regulación federal podrá afectar los derechos y garantías tutelados por esta ley".
En ese sentido se prevé que en caso de colisión de facultades entre las leyes nacionales y esta norma, serán los tribunales de la Ciudad los encargados de dirimir la disputa.
De lograr consensuar ambos proyectos el macrismo, con el apoyo de los legisladores de la Coalición Cívica y de Proyecto Sur, contará con los votos necesarios para dotar, en apenas 15 días a la Ciudad de su propia ley de Medios que enterará en colisión con el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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