El juez federal Daniel Rafecas volvió a negarayer haber cometido algún tipo de irregularidad al comentar por mensajes de teléfono cuestiones de la causa Ciccone. Fue en un segundo descargo que debió presentar ante el Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo amenaza con llevarlo a juicio político para destituirlo.
Rafecas, que tiene a su cargo instruir las denuncias contra el jefe del Ejército, César Milani, por presunto enriquecimiento ilícito, reiteró por escrito a la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo que los diálogos vía chat que mantuvo con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe “no están relacionados con las numerosas decisiones jurisdiccionales” que adoptó en la causa Ciccone. En los últimos días el magistrado pidió las declaraciones juradas de Milani.
Rafecas es el juez que el año pasado ordenó un allanamiento al departamento propiedad del vicepresidente Amado Boudou para determinar si allí vivía o vivió el abogado Alejandro Vandenbroele, presidente de la firma que se quedó con la empresa Ciccone cuando ésta se encontraba en proceso de quiebra y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), su principal acreedor, le otorgó un generoso plan de pagos tras una presunta gestión del vicepresidente.
Rafecas ya había tenido que hacer un descargo escrito por el artículo 9 de la comisión, que está destinado a los jueces pasibles de una sanción disciplinaria, postura que acompañarían los dos legisladores radicales en el Consejo, el diputado Oscar Aguad y el senador Mario Cimadevilla, de acuerdo con fuentes del Consejo.
Pero el senador kirchnerista Marcelo Fuentes logró el respaldo del bloque kirchnerista para citarlo por el artículo 20, previsto para los magistrados a los que se los investiga por presunto mal desempeño de sus funciones y a los que se los puede suspender para someterlos a juicio político.
La sanción disciplinaria podría llegar a ser la quita de la mitad del sueldo por un mes.
Tal como había dicho en la anterior presentación, en este último descargo Rafecas, que también recibió el apoyo de organismos de derechos humanos, admitió conocer a Danuzzo Iturraspe desde hace 20 años, alegó en su defensa que el profesional no intervenía en el expediente del caso Ciccone y que lo había recibido en su despacho por una cuestión “personal” dado que su nombre había salido en los medios relacionado con una firma propiedad de Boudou.
El juez aseguró que luego de ese encuentro, las inquietudes del abogado vía chat se transformaron en “una función de lobby cada vez más evidente” y “más allá de su situación personal”, por lo que afirmó haber “cancelado” el diálogo.
El intercambio de chats fue ingresado al Consejo de la Magistratura en una presentación “espontánea” de Danuzzo Iturraspe, según dijo aquel día el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Hernán Ordiales.
Rafecas había sido denunciado días antes por Boudou en una conferencia de prensa en la que también atacó al procurador Esteban Righi, quien días después renunció. El allanamiento en Puerto Madero había sido solicitado por el fiscal Carlos Rivolo, quien también terminó fuera de la causa. Fue porque el nuevo juez, Ariel Lijo, acumuló a otra causa propia ese expediente y ambos quedaron con intervención del fiscal Jorge Di Lello.
fuetnte clari.com
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